Con la reciente entrada en vigor del registro de viajeros, real decreto 933/2021, por parte del ministerio de Interior, el sector hotelero y de alquiler de vehículos ha manifestado su inquietud e incertidumbre en cuanto a la gestión y protección de los datos de sus clientes y los de sus empresas.
Esta normativa cuya finalidad es mejorar, prevenir y luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, se ha diseñado para garantizar la seguridad y el control en el sector del turismo.
No obstante, al obligar a los establecimientos a recopilar y guardar durante tres años datos sensibles de los viajeros, como número de pasaporte, número de tarjeta bancaria, entre otros, las empresas del sector se encuentran con un desafío complejo en cuanto a la recogida de datos y la protección que debe implementarse para evitar acceso no autorizado a la información sensible.
El Real Decreto 933/2021, conocido como la Ley del Registro de Viajeros, regula las obligaciones de identificación y registro de las personas alojadas en establecimientos turísticos o empresas de alquiler de vehículos en España.
Deberán registrar y comunicar los datos personales de los clientes a las autoridades competentes tanto establecimientos turísticos (hoteles, apartamentos turísticos, campings, etc.), incluyendo plataformas de alquiler de corta estancia (como Airbnb), como empresas de alquiler de vehículos.
Nombre completo, número de DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, teléfonos, residencia completa, número de viajeros, relación de parentesco (en caso de ser menor de edad), tipo de pago, titular del medio de pago, entre otros identificativos.
Estos datos deben conservarse durante tres años, lo que implica una fuerte responsabilidad en cuanto a su protección.
Los responsables de los establecimientos deben garantizar la correcta recogida, almacenamiento y comunicación de los datos a las fuerzas de seguridad.
Con la nueva ley los hoteles y las empresas de alquiler de vehículos van a tener que ajustar sus políticas de protección de datos para cumplir con las nuevas condiciones.
Cubrir todas estas necesidades, supondrá para muchas empresas un incremento en la carga administrativa y la necesidad de formación para los empleados en cuanto a gestión de datos y ciberseguridad, ante el riesgo de potenciales sanciones, con multas que pueden llegar hasta 30.000€ en los casos más graves y en los casos más leves una multa de hasta 600€, en caso de incumplimiento de la normativa o fuga de datos.
La recogida de información adicional también ha generado malestar entre los turistas, temen que sus datos sean mal utilizados o gestionados o una filtración.