Una aplicación que interpreta radiografías y otra que propone calificaciones escolares pueden utilizar inteligencia artificial, pero no comparten necesariamente la misma clasificación legal. Tampoco basta con contratar un programa para trasladar todas las responsabilidades a su fabricante.
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, conocido como Reglamento de IA o AI Act, ya tiene disposiciones aplicables en 2026. Otras obligaciones específicas para sistemas de alto riesgo comenzarán más adelante. Para clínicas médicas, dentales y centros educativos, el primer paso es identificar qué herramientas se utilizan, qué decisiones influyen y qué datos personales procesan.
El Reglamento (UE) 2024/1689, modificado en 2026, distingue entre prácticas prohibidas, exigencias generales y obligaciones vinculadas a determinadas categorías de sistemas.
Desde el 2 de febrero de 2025 se aplican diversas prohibiciones. Entre ellas figura, con excepciones específicas, el uso de sistemas para inferir emociones de personas en centros educativos. También se aplica el artículo 4 sobre alfabetización en IA: proveedores y entidades usuarias deben adoptar medidas que apoyen la preparación de quienes utilizan estos sistemas en su nombre.
La modificación introducida por el Reglamento (UE) 2026/1744 aclara que no se exige garantizar un nivel concreto de competencia de cada trabajador. Tampoco establece un curso oficial obligatorio de duración uniforme.
El 2 de agosto de 2026 comenzó la aplicación general del Reglamento, con excepciones relevantes. Por tanto, sería incorrecto afirmar que todas las obligaciones de alto riesgo ya son exigibles a cualquier clínica o colegio.
El artículo 6 y los anexos I y III establecen los criterios de clasificación. La finalidad prevista, la función real y, en determinados productos, su procedimiento de evaluación de conformidad son determinantes.
En sanidad, ciertos programas de diagnóstico pueden calificarse de alto riesgo cuando sean productos sanitarios, o componentes de seguridad de estos, sujetos a evaluación de conformidad por un tercero. El análisis debe realizarse conforme al Reglamento de IA y a la normativa sectorial de productos sanitarios. Una herramienta de agenda, transcripción administrativa o gestión de citas no adquiere esa condición simplemente por utilizarse en una consulta.
En educación, el anexo III contempla usos como determinar la admisión, evaluar resultados de aprendizaje, decidir el nivel educativo adecuado o vigilar comportamientos prohibidos durante exámenes. El artículo 6 contempla excepciones limitadas para algunos sistemas sin riesgo significativo, pero no cuando realizan perfiles de personas. La clasificación exige revisar el uso concreto.
La distinción afecta también a los plazos. Las obligaciones específicas de alto riesgo del anexo III se aplicarán, en general, desde el 2 de diciembre de 2027; las vinculadas al anexo I, desde el 2 de agosto de 2028. El aplazamiento no elimina las exigencias de protección de datos ni otras normas sectoriales ya vigentes.
El Reglamento diferencia al proveedor del sistema de IA y al responsable del despliegue, que lo utiliza bajo su autoridad. No tienen obligaciones idénticas. Una clínica o colegio suele actuar como responsable del despliegue, aunque determinadas modificaciones o comercializaciones bajo nombre propio pueden alterar esa posición.
Antes de contratar, conviene solicitar la finalidad prevista, las instrucciones de uso, las limitaciones conocidas, las medidas de supervisión y la documentación que corresponda según la clasificación del producto. Para un sistema de alto riesgo, las obligaciones de utilización previstas en el artículo 26 deberán observarse cuando resulten aplicables.
Además, debe analizarse quién decide las finalidades y los medios del tratamiento de datos. Ser proveedor de IA no convierte automáticamente a una empresa en encargado del tratamiento según el RGPD. Si trata datos por cuenta del centro, puede ser necesario un contrato conforme al artículo 28; si decide sus propios fines, la relación jurídica puede ser diferente.
Una cláusula contractual tampoco exime por sí sola a la dirección del centro de sus obligaciones legales.
El trabajo comienza con un inventario de herramientas: sistemas diagnósticos, asistentes de redacción, transcripción de sesiones, plataformas de evaluación y aplicaciones de análisis del aprendizaje. Debe indicarse quién los utiliza, para qué, qué información reciben y si producen resultados que influyen en decisiones sobre personas.
Después corresponde documentar la clasificación de cada sistema. Conviene evitar dos extremos: considerar de alto riesgo cualquier función automatizada o aceptar sin examen la clasificación comercial facilitada por el fabricante.
La protección de datos exige una revisión independiente, también en los centros sanitarios privados. Si se introducen historiales clínicos, notas, grabaciones o datos de menores, deben comprobarse la base jurídica, las finalidades, la minimización, las condiciones del proveedor, los accesos y las posibles transferencias internacionales. El RGPD sigue siendo aplicable aunque los requisitos de alto riesgo del Reglamento de IA tengan un plazo posterior.
Cuando el tratamiento pueda entrañar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, será necesaria una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) previa. No se exige automáticamente una EIPD por el mero hecho de utilizar cualquier herramienta con IA; la decisión debe basarse en el tratamiento y sus riesgos, conforme al artículo 35 del RGPD y los criterios de la AEPD.
Por último, el centro necesita reglas de uso comprensibles: qué información puede introducirse, qué resultados deben contrastarse, quién autoriza nuevas herramientas y cómo se comunican errores o incidencias. La revisión humana debe ser efectiva y debe examinarse el artículo 22 del RGPD ante decisiones exclusivamente automatizadas con efectos significativos sobre pacientes o alumnos.
No sin evaluar previamente la finalidad y las condiciones de tratamiento. Deben comprobarse las garantías del proveedor, la necesidad de utilizar datos identificables y las obligaciones de confidencialidad. Emplear una cuenta personal o eliminar el nombre de un documento no garantiza por sí solo que la información sea anónima.
El uso de IA, por sí mismo, no crea una obligación universal de designar un delegado. Deben aplicarse los artículos 37 del RGPD y 34 de la LOPDGDD. Esta última establece supuestos específicos para centros docentes y centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas, con las excepciones legales correspondientes.
No existe una obligación general, aplicable a todos los usuarios, de auditar el código de cualquier herramienta de IA. Sí deben verificarse las obligaciones correspondientes a su papel, la clasificación y el uso previsto. En sistemas de alto riesgo, la documentación del proveedor y las medidas de supervisión adquieren especial importancia.
La adaptación debe hacerse por etapas y con responsabilidades definidas. En Madrid, Barcelona o cualquier otra comunidad autónoma, el marco europeo es común, aunque puedan concurrir normas sanitarias y educativas adicionales.
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