El Gobierno achaca a la situación política española la demora en la tramitación
España ha sido sancionada con una multa diaria de 89.000 euros y el pago de 15 millones de euros por no trasponer a tiempo una directiva sobre protección de datos.
El 6 de mayo de 2018 era la fecha máxima para que se incorporase a la legislación española la Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, esta directiva protege el uso de datos personales por parte de las autoridades policiales a todos los efectos relacionados con la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de las infracciones penales o la ejecución de las sanciones penales.
El pasado 25 de febrero de 2021, en una sentencia, el Tribunal de Justicia penaliza a España con las dos sanciones previstas en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Por un lado, impone el pago de una “multa coercitiva diaria de 89.000 euros” y, por otro, impone al país el pago de 15 millones de euros como medida para prevenir futuros incumplimientos.
El Gobierno español por medio de Grande-Marlaska, argumentó que las convocatorias electorales con disolución de las Cortes y la lucha contra la pandemia de la covid fueron las causantes del retraso a la transposición.
”La falta o la insuficiencia, a escala nacional, de normas que garanticen el buen funcionamiento del espacio de libertad, seguridad y justicia dentro de la Unión deben considerarse especialmente graves habida cuenta de sus consecuencias para los intereses públicos y privados dentro de la Unión” es el texto que que llega desde Europa.
La sentencia es muy dura con la pasividad de España en la transposición de la Directiva y no acepta como justificación la excepcionalidad de la vida política española en ese período.
Deberá ser el Ministerio del Interior quien adecue la directiva al marco legal español mediante un anteproyecto de ley orgánica para transponer la Directiva. El 9 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos y acordó su remisión al Congreso para que fuera tramitado urgentemente, acordándose por la Mesa una semana más tarde.
Mientras tanto España deberá asumir una multa de 89.000 euros día que pase.
Departamento Legal
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